Iglesia pedófila – 1

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La pederastia en la Iglesia Católica

Al hablar de casos de pederastia por miembros de la Iglesia católica se está haciendo referencia a una serie de abusos sexuales contra menores que han sido documentados y denunciados ante las autoridades civiles de varios países. Con frecuencia se habla de ellos como casos de pederastia en la Iglesia católica —lo que desde el punto de vista de la Iglesia es incorrecto porque no es la institución la que comete las agresiones— o pederastia clerical católica. A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha incrementado el número de denuncias por abuso sexual infantil en todas sus variedades por parte de religiosos católicos romanos.

En los últimos años, han cobrado relevancia los casos de Irlanda, Estados Unidos y Alemania, donde las autoridades locales han encontrado culpables a sacerdotes católicos de cientos de acusaciones de pederastia.

El escándalo ha alcanzado a congregaciones como la Legión de Cristo; ocasionó la renuncia del obispo irlandés de Cloyne, John Magee, quien reconoció haber sido negligente ante las denuncias de pederastia por sacerdotes en su diócesis;[3] y ha llevado a la cárcel a varios sacerdotes católicos romanos. Organizaciones de víctimas de pederastia han señalado que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI tienen algún grado de responsabilidad al haber encubierto abusos o bien, omitido las denuncias.[4] Las víctimas y denunciantes de abuso sexual en establecimientos eclesiásticos por parte de religiosos han señalado que la Iglesia como institución ha sido negligente ante las acusaciones, a las que dicen no ha prestado la atención suficiente sino hasta situaciones como la que ocurre en 2010, donde ha salido de control.

El Vaticano, por la voz de Benedicto XVI, ha condenado la pederastia y reconocido los casos que han llevado al escándalo por esta causa en los últimos años de la primera década del siglo XXI. A través de un comunicado dirigido a los católicos de Irlanda, el máximo jerarca católico ha reconocido la actuación "insuficiente" del Vaticano hacia los casos de pederastia denunciados y reconoció que se trató de actos criminales que dañaron a las víctimas y han dañado la imagen de la Iglesia en el mundo; actos por los cuales los sacerdotes "deberán responder —dijo el papa— ante Dios y los tribunales debidamente constituidos". Este hecho marca una diferencia con la postura afín a la Iglesia que explicaba la magnitud del escándalo mediante causas externas a la institución, como la relajación de las normas morales de la sociedad o por un sesgo en la cobertura mediática del fenómeno.

A finales de la década de 1990 comenzaron a salir a la luz denuncias contra sacerdotes y religiosos católicos, principalmente en Estados Unidos y Australia, acusados de abusos sexuales a menores, cometidos durante la segunda mitad del siglo pasado. Un informe de la BBC, de 2004, señalaba que el 4% del clero católico de Estados Unidos ha estado implicado en prácticas sexuales con menores (unos 4.000 sacerdotes en 50 años). Más de un centenar de miembros de la Iglesia Católica australiana han sido condenados por abusar sexualmente de un millar de víctimas, según la organización Broken Rites.[6]

El Papa Benedicto XVI ha condenado reiteradamente estas prácticas, subrayando que "sacerdocio y pederastia son incompatibles".

De acuerdo a estudios de Philip Jenkins, profesor de Historia y Estudios Religiosos en la Universidad de Pensilvania,[8] el 99,8% de los sacerdotes católicos nunca se han visto implicados en este tipo de comportamientos delictivos[9] y no existe evidencia de que la pedofilia sea más común entre el clero católico, que entre los ministros protestantes, los líderes judíos, los médicos o miembros de cualquier otra institución en la que los adultos ocupen posiciones de autoridad sobre los niños.[9]

Sin embargo, un informe de la BBC de 2004, declara que en los Estados Unidos el 4% del clero católico de ese país ha estado implicado en prácticas sexuales con menores, en número aproximado de 4000 sacerdotes durante los últimos 50 años[10] aunque sólo entre el 5 y el 10% de las víctimas denuncia el caso, según Barbara Blaine, presidenta de la Red de sobrevivientes de abusados por sacerdotes (SNAP) de los EE.UU.

Otras investigaciones, como la realizada en 1995 por la Universidad de Salamanca y publicada por el Ministerio de Asuntos Sociales de España, determinaro que del total de españoles que han sufrido abusos sexuales siendo menores, el 10% asegura que fue abusado por un sacerdote católico.[12]

La mayoría de los casos se presentaron en seminarios sacerdotales, escuelas y orfanatos en donde niños y adolescentes estaban bajo el cuidado del clero. La publicación de numerosos escándalos creó una fuerte crítica hacia la jerarquía de la Iglesia, especialmente por la actitud que algunos obispos y superiores religiosos asumieron frente a las evidencias del hecho limitándose a llamados de atención privados y el traslado del infractor a otros sitios, mientras se guardó una indiferencia sistemática frente a las víctimas, lo que llevó a la conclusión de que los superiores de los infractores estaban encubriendo el crimen. Por otra parte, muchos casos probaron ser calumniosos, aprovechados por ciertos sectores opositores de la Iglesia.[13]

Antecedentes

Los casos de abuso sexual a menores de edad se presentaron siempre allí en donde niños y adolescentes estaban en contacto con religiosos, de la misma manera que sucede en otro tipo de organizaciones que tienen la responsabilidad de su cuidado o que están en contacto frecuente con los mismos. La confianza que los ministros de la Iglesia generan entre los laicos facilitó en la mayoría de las ocasiones el obrar del abusador en parroquias, seminarios, orfanatos, hospitales y organizaciones de trabajo social. En muchos casos la víctima no recibió atención inmediata incluso por parte de su familia debido al respeto que esta le tenía al implicado o por temor e ignorancia.

El Código de Derecho Canónico, la base del derecho eclesiástico, contempla penas para los delitos que tienen que ver con el abuso sexual, como se expresa en varios canones del mismo. Según el numeral 1395, el clérigo que cometa un delito sexual con un menor de edad, sea este por medio de violencia o amenazas, debe ser castigado con penas justas que pueden incluir la expulsión del estado clerical.[14] Las evidencias de este crimen por parte de religiosos puede ser trazada con anterioridad al siglo XX debido a la existencia de documentos eclesiásticos que buscan prevenirlo, como la constitución apostólica Sacramentum Poenitentiae de 1741. Sin embargo, el desarrollo de los medios de comunicación, especialmente después de la II Guerra Mundial, pondrían en evidencia el caso no sólo dentro de la Iglesia Católica, sino de todas aquellas instituciones y organizaciones en donde adultos tienen contacto directo con menores. Con el advenimiento de la secularización, especialmente de aquellas naciones de fuerte tradición católica, los casos adquirieron una gran relevancia para ciertos sectores anticatólicos.

Primeros casos denunciados

Los primeros casos denunciados de manera pública se presentaron por primera vez en Estados Unidos e Irlanda. El informe John Jay encontró acusaciones contra 4.392 sacerdotes estadounidenses en el lapso de 50 años, lo que representaba el 4% del clero de ese país.[15] Las evidencias llamaron pronto la atención de la opinión pública internacional porque se trataba de víctimas muy menores, niños impúberes y en su mayoría varones.[16] Los primeros casos se dieron durante la los 90, pero su amplio informe en los medios pronto motivó a antiguas víctimas a denunciar a sus victimarios y cuyo abuso se había presentado desde años tan tempranos como 1940,

Salida a la luz con ayuda de la prensa

Las denuncias aumentaron de manera inmediata no sólo en países de tradición católica como Irlanda y España, sino en otras naciones como el Reino Unido, Canadá y, sobre todo, en Estados Unidos en donde recibieron una ámplia difusión en los medios de comunicación social, los cuales recogieron declaraciones de las víctimas. Los informes se centraron especialmente en las maneras en que los menores fueron abusados y posteriormente silenciados por medio de constricciones morales, psicológicas e incluso violentas y en el silencio que guardaron por años algunos jerarcas de la Iglesia, hecho que fue visto como encubrimiento del delito. Muchas de las víctimas conformaron asociasiones para fortalecer sus reclamos judiciales y de compensación frente a los victimarios y a las instituciones eclesiales y en numerosos casos recibieron el apoyo de partidos políticos y otros sectores sociales. Muchos casos resultaron ser calumniosos evidenciando una manipulación del mismo en favor de ciertos intereses antieclesiales o de deseo de sensacionalismo periodístico.

Las denuncias no se centraron sólo dentro de la esfera del abuso sexual, sino que incluyeron también la violencia física y moral, como fue el caso en Irlanda de las Hermanas de la Misericordia con los asilos de las Magdalenas, caso que fue llevado al cine con el título "The Magdalene sisters" (2002) de Peter Mullan. La película, elaborada con testimonios de las víctimas, muchas de ellas ya de edad avanzada, recuenta el drama de muchachas que eran internadas por sus familias a causa de embarazos no deseados y en donde eran sometidas a castigos físicos y violencia física y moral.

Acciones del Vaticano contra la pederastia

En 1962, Alfredo Ottaviani, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, envió una carta que fue conocida como Crimen sollicitationis. En esta carta la Congregación para la Doctrina de la Fe definió procedimientos a seguir en caso de acusaciones de abuso sexual por parte de clérigos u obispos católicos. De acuerdo con este documento, la excomunión inmediata es la pena para cualquier católico que fallara por un mes en denunciar a un sacerdote que incurriera en tales conductas como parte del ejercicio de la Penitencia.[18]

En 1983, el Vaticano promulgó una revisión al Código de Derecho Canónico. A partir de aquí, el canon 1395, 2 nombra explícitamente el sexo con menores por parte de los sacerdotes como un crimen canónico. En 2001 se promulgó una revisión del documento, acorde con el Código de Derecho Canonigo de 1983 y el Código de Canones para las Iglesias Orientales de 1990.[19]

En Abril de 2001, la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede publico Sacramentorum sanctitatis tutela, o Salvaguardando la Santidad de los Sacramentos. Este reemplazaba el Crimen sollicitationis.

El problema en España

Además de los datos aportados por el estudio de la Universidad de Salamanca, hay otro elaborado por un investigador español, y que es el primero que se hizo con una base de muestreo amplia de sacerdotes en activo.

En su estudio publicado en 1995, el investigador José Rodriguez en el trabajo sobre el comportamiento sexual del clero, trabajando con una base de datos amplia (ver la metodología de la investigación en la sección temática “Sexualidad del clero” de su sitio) y las estadísticas, en la constan pruebas del historial sexual de casi 400 sacerdotes actualmente en activo, se documentó la siguiente estadística: Entre los sacerdotes en activo, un 7% comete abusos sexuales graves con menores.

El problema en Estados Unidos

Uno de los países en donde ha habido una mayor cubertura internacional de estos casos ha sido Estados Unidos en donde algunas diócesis han tenido que pagar cuantiosas sumas en indemnizaciones a las víctimas. Según un estudio de la "Junta Nacional de Revisión" ("National Review Board"), un total de 4.392 sacerdotes fueron acusados del abuso sexual de 10.667 menores entre 1950 y 2002. De ese total, aproximadamente 6.700 casos presentaron suficientes pruebas, otros 3.300 no fueron investigados porque los sacerdotes ya habían fallecido y otros 1.000 no presentaron pruebas fiables para justificar una investigación, según un comunicado divulgado por la diócesis de Yakima, en el estado de Washington. "’De más de 5.000 sacerdotes que sirvieron en la archidiócesis de Los Ángeles entre 1930 y 2003, 113 fueron acusados de abuso, según el Informe Oficial del Pueblo de Dios de la archidiócesis de Los Ángeles, publicado en febrero de 2004. Del total de sacerdotes acusados 43 ya murieron, 54 ya no son sacerdotes y 16 permanecían en el ministerio. Del último grupo, en 12 casos no se encontraron pruebas suficientes para declarar abuso y sólo cuatro han sido suspendidos y enfrentan juicios’".

Uno de los informes indicó que los costes relacionados con estos problemas superaron los 570 millones de dólares en concepto de gastos legales, indemnizaciones, terapia para las víctimas y tratamiento para los infractores. Esa cifra no incluye los 85 millones de dólares que pagó la arquidiócesis de Boston para resolver algunas de las demandas presentadas por las víctimas. La archidiócesis de Boston (Massachusetts), la cuarta diócesis católica más grande de EE.UU y en donde comenzó la avalancha de escándalos, anunció a finales de mayo de 2005 el cierre de 65 de las 357 parroquias de su jurisdicción.

Ante la avalancha de condenas, muchas de las cuales individúan a la Iglesia Católica, la Liga Católica de los Estados Unidos [2] argumenta que las estadísticas de abuso sexual en la misma son similares a las que existen en otras instituciones: por ejemplo, en las escuelas públicas de ese país, se calcula que un 5% de todos los profesores son responsables de abusar sexualmente un 15% del número total de estudiantes.[20] En una encuesta oficial realizada en el 2003 se reveló que un 6.7% de los estudiantes de Estados Unidos habían padecido una mala conducta sexual por parte de su profesor, que incluso llegaba al punto del contacto físico.[21] Otro informe del Departamento de Educación de los Estados Unidos publicado en el 2004 encontró que entre el 3.5% y 5.03% de los estudiantes son objeto de conducta sexual inapropiada por parte de sus educadores en algún momento durante su carrera estudiantil. Se descubrió que los profesores, entrenadores y profesores substitutos eran los que más incurrían en el delito.

Principales acusaciones

Los escándalos en los cuales se vieron implicados miembros de la Iglesia Católica, trajeron como consecuencia la acusación contra las estructuras jerárquicas de la misma, las cuales fueron vistas en la mayoría de las veces como protectoras del incriminado a través de un complejo y sistemático proceso. En consecuencia, muchos obispos y superiores religiosos fueron denunciados por las víctimas y presentados por los medios de comunicación social como encubridores del crimen. Los casos pusieron en evidencia una disparidad entre la justicia civil y la eclesiástica y el desconocimiento que la opinión pública en general tiene de la misma, por ejemplo de aspectos de competencia jurídica como los distintos concordatos. Sin embargo, los escándalos tuvieron notables repercusiones dentro del Derecho Canónico.

Falta de medidas contra los sacerdotes pederastas

En numerosos casos, los sacerdotes y religiosos acusados de actos de abuso sexual contra menores de edad, cuando estos llegaron a conocimiento de sus superiores inmediatos, recibieron como sanción llamados de atención privados y fueron desplazados a otros sitios alejados del lugar. Algunos diócesis sometieron a los acusados a tratamientos y evaluaciones psicoterapéuticas, tras las cuales estaban habilitados para reanudar sus actividades pastorales si los psicólogos o psiquiatras que los trataban le advertían al obispo que no había riesgo de reincidencia. En muchos otros casos, sea incriminados como sus superiores, ofrecieron e incluso pagaron sumas de dinero extrajudiciales con el fin de evitar que el escándalo saliera a la luz pública.

Pepe Rodríguez, escritor y periodista español que ha escrito varios obras sobre el tema,[23] obtuvo documentos originales en varios casos concretos que describen la situación. Uno de ellos es el del arzobispo de Barcelona, monseñor Ricardo María Carles Gordó, a quien se acusa del encubrimiento de sacerdotes y diáconos que corrompieron sexualmente a no menos de 60 menores y adolescentes.

Quienes defienden el accionar de los obispos sugieren que, al reasignar a los sacerdotes a sus labores tras el tratamiento, estaban actuando de acuerdo con el mejor consejo médico cuando éste estaba disponible. Por su parte, los críticos han cuestionado si los obispos pueden necesariamente llegar a juicios acertados en circunstancias serias sobre la mejora psicológica de un sacerdote, basándose en el consejo de profesionales ampliamente considerados como de opiniones cambiantes. Asimismo, los obispos fueron criticados por actuar como meros "empresarios", quienes veían los casos de abuso como un asunto médico y disciplinario del sacerdote, y que estaban preocupados por mantener el tema en secreto con el objeto de lograr un manejo financiero y administrativo óptimo en vez de preocuparse por los intereses de las víctimas:

La antigua tradición católica codificada en el Derecho canónico de la Iglesia, desde hace mucho tiempo, ha sostenido que ciertos pecados graves, por su naturaleza, descalifican a un hombre para continuar en el ejercicio público del sacerdocio. El punto no es la retribución; el punto es la iconografía. Un sacerdote que abusa sexualmente de niños ha claramente desfigurado su imagen como una representación viva de Cristo, quien pedía que los niños pequeños se le acerquen [Lucas 18:16]. Un sacerdote que abusa sexualmente de menores impúberes de modo habitual es prácticamente culpable del pecado de seducción así como también del pecado específico de sodomía y fornicación. ¿Acaso los pecados habituales de esta especie no dejan a un hombre incapaz de manifestar esa paternidad espiritual que es la esencia del sacerdocio católico? Estas son fundamentalmente cuestiones teológicas, y no sencillamente preguntas sobre la "disciplina en la Iglesia."… Cuando un obispo ha sido negligente en su responsabilidad paterna para con sus sacerdotes, cuando se ha acostumbrado a tratar el abuso sexual de los clérigos como un mero asunto disciplinario, y cuando las presiones de la cultura terapéutica empiezan a oprimirlo, una noble virtud, la compasión, puede transformarse en un vicio – la irresponsabilidad episcopal. El obispo deja de entender que algunos actos hacen que un hombre sea indigno de cualquier ministerio sacerdotal. Y así el obispo recicla dentro de su parroquia (o hacia otras diócesis) hombres quienes son tanto amenazas para sus potenciales víctimas como iconos irreparablemente desfigurados

Un ejemplo de la política de desplazar a los incriminados de lugar a lugar es el caso del sacerdote Eleuterio Al Ramos de la diócesis de Orange, quien, como en otros casos, fue reasignado a otra parroquia tras su tratamiento, como lo evidencia un documento fechado 3 de abril de 1980 en donde el acusado fue transferido a otro lugar de acción pastoral después de haber sido sometido a tratamientos psicológicos por actos cometidos a finales de la década de los 70.[25] En 1993 y 1994 dos expedientes habían sido abiertos para Ramos y para la Diócesis de Orange por el caso de dos muchachos a los cuales, según el informe, Ramos embriagó, les mostró películas pornográficas y procedió al abuso. Posteriormente Ramos admitió en la corte que había abusado de un número mayor de muchachos y que les había tomado fotografías desnudos. El sacerdote fue trasferido a una centro de rehabilitación en Massachusetts y en 1985 fue transferido nuevamente a Tijuana. Otro expediente fue abierto para Ramos en 2003 en el cual Ramos es acusado de violar un muchacho en un hotel de San Diego con otros sujetos y del abuso repetido de muchachos del condado de Orange después de que el sacerdote dejó la diócesis. En el juicio de 2003 Ramos confesó que había abusado de al menos 25 muchachos y murió un año después a la edad de 64 años.

No denunciar los casos a la policía

A los ojos de la opinión pública, los superiores de religiosos incriminados ejercieron el acto de encubrimiento de los mismos al no denunciar a las autoridades locales los casos y tomar medidas como las descritas arriba, es decir, ordenar tratamientos terapéuticos, transferencias y silencio ante la opinión pública. Sin embargo, se desconoce que la Iglesia Católica como organismo internacional representado por el Estado Vaticano tiene una serie de tratados oficiales con diferentes naciones del mundo los cuales son considerados dentro del ordenamiento jurídico internacional. Muchos de esos tratados son los concordatos los cuales vienen regulados en cada país en convenios entre el Estado y el Estado Vaticano. Desde esa perspectiva y en numerosos casos por países, sacerdotes o religiosos que incurren en cierto tipo de delitos vienen procesados por los estamentos judiciales de la Iglesia Católica, que contempla penas específicas para casos como el abuso sexual a menores de edad. Desde este punto de vista, muchos superiores no siguieron los procesos del Derecho Eclesiástico que contemplan incluso el retiro definitivo del infractor. Cuando las víctimas denunciaron los delitos a la opinión pública, se presentó un contraste evidente entre los dos derechos, el civil y el eclesiástico y la sensación ante aquellos que desconocen la lógica jurídica de la Iglesia de que esta no denunció los casos a la policía del país en donde ocurrió el delito, como dentro de la sociedad civil se hace de manera ordinaria. Un paralelo a este caso se presenta entre el derecho penal civil y el derecho militar en el cual si un militar comete un delito, corresponde a un tribunal militar su enjuiciamiento y depende de dicho tribunal militar si el caso amerita ser transferido a un tribunal civil. Si el uniformado, en virtud de su delito, pierde la calidad militar, este puede ser juzgado por un tribunal civil como civil. Este ejemplo es paralelo para aquellas personas que están investidas con la condición de clérigos o religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica en todo el mundo.

El problema se agrava porque en numerosos casos no se siguió el debido proceso de acuerdo al Derecho Canónico. Por ejemplo, en el caso de los norbertinos, se ha demostrado que estos no sólo sabían de las tendencias pedofílicas del sacerdote Brendan Smyth, sino también de alegatos en su contra por abuso sexual que databan incluso de 1945 y, sin embargo, ante la falta de acción, a finales de la década de los 80 e inicios de los 90 las autoridades públicas de Irlanda se decidieron a iniciar su persecución.

Un ejemplo del choque entre el derecho civil y eclesiástico se presentó en mayo de 2001 cuando el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, envió una carta a todos los obispos católicos declarando que las investigaciones internas de la Iglesia sobre los casos de abuso sexual infantil estaban sujetas a secreto pontificio y que no debían ser denunciadas a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones fueran completadas bajo pena de excomunión. En dicho acto, el cardenal obraba legítimamente dentro de los procesos eclesiásticos y el secreto era válido sólo para la investigación interna, así como lo es para un proceso penal militar. Por otra parte, no tuvo la intención de desalentar a las víctimas a reportar los casos de abuso sexual a la policía.

Una de las consecuencias de este choque de ámbitos judiciales se presentó en la legislación estadounidense que obliga a la denuncia de los casos de abuso sexual a la policía, por ejemplo en una ley del Estado de Massachusetts que dice:

En donde sea, la operación definitiva de esta acta es la consecución de su propósito, el cual es ordenar el reporte de abuso por ciertos oficiales religiosos y la protección de víctimas del abuso infantil, por lo tanto, es declarado aquí el caso como una ley de emergencia, necesaria para la inmediata preservación de la seguridad pública y la conveniencia.

Otro caso se presentó en Colombia en el caso del sacerdote Efraín Rozo, acusado de haber violado a niños y jóvenes en Estados Unidos, delitos que confesó públicamente en un video[28] y por lo cual se le lleva un proceso en el Estado de California. El Tribunal Eclesiástico de Bogotá le adelantó un proceso por el abuso de dos seminaristas, entre ellos su propio sobrino, hace más de 40 años, pero al final fue declarado inocente porque según la sentencia los delitos prescribieron por haber sucedido hace más de 40 años. En un comunicado emitido por el vicario judicial eclesiástico de la capital colombiana, se declara:

Fueron practicadas todas las pruebas y diligencias que establece el derecho canónico, y oído el padre Rozo, desmintió categóricamente lo que había afirmado en la televisión, argumentando que fue presionado y manipulado en contra de su voluntad al sostener y afirmar hechos que no son ciertos.

Otro caso que describe los procesos judiciales de la Iglesia y su contraste con el derecho civil lo presenta el cardenal Bernard Law, Arzobispo de Boston, al cual numerosas peticiones de laicos y los medios de comunicación pidieron su renuncia por la evidencia de numerosos casos de abuso sin debido proceso. Ante la negativa del anciano prelado, el papa Juan Pablo II aceptó su renuncia de acuerdo al artículo 401, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico que dice que un obispo renuncia a su cargo por razones graves, lo cual lo hace no apto para ejercer más el cargo.

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