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Putas hipotecas

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Hipotecados, morosos y sin casa

Asociaciones y juristas piden que los desahuciados queden libres de deudas

CRISTINA DELGADO

Cuando uno deja de pagar su hipoteca en España lo peor que le puede pasar no es que pierda el piso. Lo peor es que, una vez en la calle, puede tener una enorme deuda pendiente con el banco, porque el precio de su casa tras la subasta, no suele cubrir el montante de la hipoteca adeudada. Y lo que falta para cubrir el préstamo, seguirá persiguiendo a los antiguos dueños. Por eso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con el apoyo de juristas y diferentes asociaciones civiles ha pedido esta mañana en Barcelona un cambio legislativo que permita, en caso de impago y ejecución hipotecaria, que los afectados tengan la opción de empezar de cero, sin otras deudas pendientes con el banco, siempre que demuestren que obraron de buena fe. Es decir, que dejaron de pagar porque no tuvieron otra alternativa.

Ada Colau, representante de esta plataforma, arropada por Jaume Assens, abogado y vocal de la Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ha presentado su propuesta de regulación de la dación como pago. Es decir, quieren que se cambie la ley para que si el banco se queda con el piso por impago, la vivienda cubra toda la deuda hipotecaria. "Como ocurre en muchos países de la unión Europea y en Estados Unidos", ha subrayado Colau.

Según han asegurado, en España hay 350.000 personas que en los últimos tres años han perdido o están a punto de perder su vivienda por impago y cargarán con deudas enormes durante años pese a estar en la calle. Cuando una familia no puede pagar su hipoteca, si el banco pierde la paciencia, la vivienda acaba en general en una subasta. Especialmente en plena crisis, no suele haber ninguna oferta de compra por ella, por lo que, amparándose en la legislación vigente, el banco toma la vivienda como pago, eso sí, al 50% de su valor catastral, tal y como marca la ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 671. Esto significa que el resto del dinero hasta llegar al precio por el que se obtuvo una hipoteca sigue pendiente de pago por parte del propietario.

La plataforma ha solicitado el apoyo de los distintos partidos políticos para que voten en el Congreso la propuesta de modificación de la ley y de momento ERC e ICV ya se han mostrado interesados. Además también han empezado a recoger firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Debido a "la magnitud del problema", solicitan al Gobierno que se apruebe esta modificación de forma urgente dentro de las medidas del pacto anticrisis que se discute a nivel estatal. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca asegura que tiene el respaldo de una decena de asociaciones (de derechos sociales, consumo y abogados) y el apoyo de una treintena de abogados.

Antes de lanzar su propuesta, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha preferido que fueran algunos afectados los que contaran lo que significa no poder saldar la deuda pese a haber entregado su casa a cambio. Han ido a contar su calvario. Estefanía Portaña, por ejemplo, aguantaba las lágrimas mientras contaba que tuvo que dejar de pagar su vivienda, situada cerca de Tarragona, en octubre. "Tenía que dar de comer a mis hijas. Y con mi marido y yo sin empleo, llegó un punto en el que no vimos otra salida que dejar de pagar la letra", ha contado. El problema es que la vivienda, por la que llegó a pagar 1.500 euros al mes de hipoteca, está a punto de entrar a subasta. Si esto ocurre, y el banco se queda con la casa (al 50% de su valor catastral), a Estefanía le quedará por pagar una deuda de 150.000 euros. Si no los abona, sus padres, que hicieron de avalistas, pueden perder también su vivienda. "La ley se pone de parte de los más fuertes, de los bancos. Y deja desprotegidos a los más débiles", lamenta Colau. "Para darme la hipoteca", ha recordado Estefanía, "todo fueron facilidades. Ahora el banco no quiere ayudarme".

Familias con la hipoteca al cuello

Más de 180.000 hipotecados tienen problemas para pagar unas cuotas mensuales que han crecido hasta un 80% en los últimos tres años

SANDRA LÓPEZ LETÓN

Hay unas 180.000 familias en España con problemas para pagar su hipoteca, y se calcula que en un plazo de 18 meses corren el riesgo de ser desalojadas si nadie lo remedia. Sus cuotas hipotecarias han aumentado hasta en un 80% en los últimos tres años, según la Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación (Aesco). Más optimistas son en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde calculan que alrededor de 75.000 familias podrían perder sus casas.

Al margen de las cifras, ninguna de estas familias se podía imaginar que el tipo de interés que ahora domina sus vidas, el Euríbor, fuera a duplicar su nivel. Por no hablar de las deudas que arrastran por contratar préstamos personales para cubrir los costes de compraventa de la casa, seguros y comisiones de las inmobiliarias, e incluso para hacer reformas. Pero los bancos no perdonan.

El 60% de estas familias son españolas, jóvenes matrimonios y parejas de hecho. El 40% restante son inmigrantes, parte de los cinco millones de extranjeros "convocados por el crecimiento económico español y seducidos por las ofertas de cómprese su casa por menos de lo que cuesta un alquiler", señala Gustavo Fajardo Celis, abogado de Aesco.

Pero a diferencia de los españoles, los inmigrantes no tienen un colchón social para salir del bache. Los nacionales cuentan con la familia, generalmente padres avalistas que hoy pagan el 50% de la cuota hipotecaria. Se calcula que unos 200.000 inmigrantes han comprado vivienda en la época de bonanza económica y bajos tipos de interés. El 60% ha sido el colectivo de ecuatorianos. Y ahora son los más perjudicados. La mayoría se ha hipotecado por unos 180.000 euros y por un plazo de 30 años. "En sus países de origen no podían ni siquiera entrar en los bancos", dice el abogado Fajardo.

La tarjeta de crédito no es la solución

Españoles y extranjeros están sufriendo pérdidas del trabajo, reducción de salarios y algunas familias llevan más de siete meses sin poder comprar alimentos. Lo poco que entra en casa es para pagar la hipoteca. Algunas cuentan cómo están recurriendo a la tarjeta de crédito para completar la cuota hipotecaria, aunque saben que no es una solución.

La situación de Rosa María Afan es desesperada. Tiene 45 años, un hijo de ocho años y una casa en Móstoles que compró en 2005. Entre su pareja y ella ingresan 1.900 euros al mes. Su hipoteca, por valor de 230.000 euros, ha pasado de 750 euros a 1.490 euros en tres años. Sabía que había firmado una hipoteca creciente, con facilidades de pago al principio, pero no conocía las consecuencias. "Me dijeron que dentro de ocho años pagaría 1.000 euros". Además, la hipoteca de Rosa está avalada con la nómina de varios amigos.

No ha dejado de pagar ni una sola letra a costa de no tener dinero para comer. "Estoy pidiendo comida y dinero, no vamos a poder poner la calefacción y la luz la pago cuando puedo". De baja por una depresión, Rosa ha intentado renegociar las condiciones de su préstamo con Caja Madrid, pero ha sido imposible. Denuncia la cantidad de productos que tuvo que contratar: tres seguros de vida, un plan de pensiones, el seguro de la tarjeta, etcétera.

El problema está en los abusos reiterados que han cometido muchas entidades. Bancos y cajas han concedido créditos a familias que no reunían los requisitos de solvencia y por más del 100% del valor de tasación, denuncia la OCU.

Abusos reiterados

Ala asociación Aesco han recurrido 3.200 familias que no pueden hacer frente a la hipoteca, de las que 1.500 están en la Comunidad de Madrid. Piden ayuda y dicen que por encima de todo quieren pagar su casa. "Sólo queremos seguir pagando lo mismo que hace tres o cuatro años, antes de la subida de los intereses", dicen varios afectados. Todos ellos han constituido la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares Hipotecadas Impagables (UPVFHI), impulsada por Aesco, que lucha para buscar una salida a la inminente pérdida de las viviendas y a "la persecución de las entidades para cobrar el resto del préstamo". Estamos hablando de unos 70.000 euros, porque "el dinero que se obtiene con la subasta de la casa cubre sólo el 60% de la deuda", señalan en Aesco.

Esta asociación ha llegado recientemente a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Madrid para ofrecer a estas familias justicia gratuita y el nombramiento de abogado y procurador de oficio para la interposición del concurso voluntario de acreedores (establecer moratorias y negociaciones de pago con los bancos para que se arbitre una situación transitoria mientras duran las dificultades económicas). Ya hay 600 familias que han presentado las solicitudes, otras 900 preparan la documentación y hay una centena de letrados para la defensa de estas personas.

Son ya 150 las familias que han sido llevadas a un proceso de ejecución hipotecaria. Es el caso de Marisol Sarango, ecuatoriana con la nacionalidad española. La primera subasta es declarada desierta, por lo que el banco se queda con la vivienda y la cede a una inmobiliaria de su cuerda. Marisol es desalojada. Pero el precio de la venta judicial sólo ha cubierto entre un 40% y un 50% del préstamo hipotecario. Así, tanto el salario como cualquier ingreso de Marisol está siendo embargado. Tan sólo queda a salvo el salario mínimo interprofesional.

Otras familias tratan de negociar con el banco antes de que sea demasiado tarde. Rommy Orlando Loaiza tiene 27 años y lleva 14 en España. Está casado con la española Silvia Quiroga y tienen un hijo de ocho años. En 2005 compraron un piso, hipotecándose al 100%, y su primera letra fue de 970 euros mensuales. La agencia encargada de la compraventa, Tecnocasa, les cobró 35.000 euros por los servicios y les aseguró que en tres años la letra les subiría unos 100 euros. "Era montador de andamios eléctricos y echando horas llegaba a los 1.700 euros, así que pensé que podía asumirlo", dice Rommy.

Subidas e intereses

Pero al tercer mes la hipoteca comenzó a subir, hasta los 1.100 euros. Rommy lleva en paro cinco meses y su cuota es ahora de 1.700 euros, de los que 1.500 euros son intereses. Está pagando lo que puede, sus 800 euros de paro y parte de lo que gana Silvia, pero no les da. Han alquilado su casa y se han marchado a casa de sus padres.

"Es increíble que el Banco Central Europeo ponga a disposición de los triunfadores de la burbuja miles de millones de euros, pero nadie se ocupe de las víctimas de ese festín", señala Quiroga. Caja Madrid les ha propuesto pagar una cuota fija durante tres años de 1.300 euros, pero tampoco pueden hacer frente a esta cantidad. "Como ven que estoy pagando parte todavía no me han dado un ultimátum", indica Rommy.

Carmen Segura cuenta cómo, sin saberlo, ella y su familia se han convertido en avalistas del piso de su hija de 23 años. Un piso que en total tiene cinco avales. Hace cuatro años se compró una vivienda de 222.000 euros y Tecnocasa les indicó que el compromiso del aval era sólo por tres años. No era verdad. "Ahora yo y cuatro familiares somos copropietarios de un piso durante 25 años y no lo podemos pagar", dice Carmen. La hija de Carmen, con depresión y un bebé, empezó a pagar 960 euros y ahora la letra suma 1.450 euros. Hace seis meses que no pagan y deben ya 8.500 euros. Todos están en el fichero de morosos Asnef. La entidad financiera vuelve a ser Caja Madrid, cuya tasa de morosidad ha pasado del 0,7% al 3,57%, cifra muy superior a otras cajas. En sólo 12 meses sus créditos de dudoso cobro se han multiplicado por cinco.

Esta caja ha propuesto a Carmen y a su familia un único plazo fijo de 1.220 euros durante 40 años, pero saben que tampoco es una solución. De momento, ingresan en el banco entre 300 y 400 euros al mes y han alquilado dos habitaciones de su casa por 500 euros.

Y es que el encadenamiento hipotecario ha sido una de las prácticas estrella durante los años del boom. "Constituye un riesgo altísimo, ya que basta que uno de los eslabones deje de pagar para que el banco, que tiene domiciliado el pago de todos los encadenados, cobre el impago", dice el abogado Fajardo.

El caso de Pilar sorprende especialmente. Tiene 45 años, es española y ha avalado a tres familias africanas con su propia vivienda. Ahora debe la hipoteca de tres casas, gana 800 euros al mes y sabe que la van a embargar de un momento a otro. Melida Carmelina Berrezueta, con un sueldo de 500 euros, ha sido avalada por tres personas con similares ingresos, pero a su vez figura como avalista de ellos, por lo que es deudora solidaria de 600.000 euros. Y, además, debe los 200.000 euros de su vivienda.

Retención de los depósitos

Diez familias han sufrido ya la retención, sin autorización judicial, de sus depósitos bancarios para el pago de deudas de otros avalados, dicen en Aesco. "Esta práctica constituye una auténtica apropiación indebida y un abuso de las entidades bancarias", señalan.

Los inmigrantes se enfrentan a otro problema. Comienzan a conocerse los primeros casos de entidades financieras que han vendido seguros a inmigrantes trabajadores con contratos por obra y servicio, sabiendo de antemano que sólo cubren la baja de titulares con contratos indefinidos, dice la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que ha impulsado un colectivo de damnificados que no pueden hacer frente a la subida de su cuota. A muchos hipotecados les han vendido el seguro por desempleo por importes que oscilan entre 4.000 y 10.000 euros cuando carecían de contrato de trabajo indefinido, requisito esencial para poder cobrar las cuotas hasta por 12 meses.

Medidas para salvar la casa

Las asociaciones de consumidores creen que no existe un sistema adecuado que garantice la protección del patrimonio de las familias afectadas. "Bancos, cajas y Estado han puesto su granito de arena durante muchos años en esta situación. La solución no puede pasar por consumidores asfixiados por las cuotas y la venta masiva en subastas de sus viviendas", señala Adicae en su página web.

-El pasado mes de agosto Aesco y la UPVFHII presentaron ante el Ministerio de Vivienda una propuesta normativa para la creación del fondo de garantía hipotecaria para viviendas familiares habitadas por sus titulares, cuando sea la única y acrediten imposibilidad de pago, por causa de su incremento o pérdida de empleo o reducción de la jornada de trabajo. "Este fondo es para atender a las familias mientras salen del bache y no pierdan su casa".

-Han pedido al Gobierno que aporte la cuarta parte de los 1.500 millones de euros, que ha puesto a disposición de la banca y las financieras, al fondo de garantía hipotecaria para subsidiar los intereses de las hipotecas, siempre que se trate del domicilio familiar y vivan en él o hayan tenido que alquilarlo.

-Dicha propuesta contempla un servicio administrativo para la tramitación de las solicitudes de suspensión de pago de las cuotas hipotecarias, así como de los préstamos personales, que deberán ser resueltas en el plazo de 20 días. "Se demanda esta vía porque el procedimiento judicial mercantil debe reservarse para las empresas y subastas operaciones mercantiles, y no a intervenir en una economía familiar cuya cuantía mensual no supera los 1.800 euros", dice Fajardo.

-Piden la reforma de la Ley Concursal y que sean los juzgados de primera instancia los que tramiten como procedimiento verbal las demandas concursales voluntarias de suspensión de pagos.

-Solicitan la reforma del Código Civil para acabar con la especulación. La idea es que cuando el banco se quede con la vivienda, acabe definitivamente la deuda. Señala John Jairo Hernandes, coordinador de la UPVFHII, que esta medida pondría fin a la especulación, ya que los bancos no prestarán más dinero del que puedan recuperar, y con ello España se homologaría a otros países como Estados Unidos.

-Que cuando no haya postor en la subasta de las viviendas, éstas pasen a formar parte del parque de vivienda pública en alquiler, priorizando como inquilino al hipotecado.

-La OCU solicita que se adopten medidas urgentes para proteger a estos consumidores, y propone que se establezca un plazo de carencia de un año al interés legal, se cree un procedimiento concursal específico y se cambie el procedimiento de subastas judiciales.

Fuente: El País

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