El mundo está loco

La carta de Reina María

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“No condenen a las mujeres a soportar la violencia”

“Hoy es el último día de tu vida”, le dijo a Reina María su ex pareja cuando entró en su en febrero de este año, armado con un machete.

Tras atacarla con el arma, supuso que había muerto y la dejó sangrando en el suelo mientras sus dos hijos, de cinco y nueve años, corrían a buscar la ayuda de los vecinos.

Reina María tuvo suerte de sobrevivir. Cuando me reuní con ella esta semana me mostró las cicatrices, largas y profundas, que tenía en el brazo, el hombro y la parte posterior del cuello.

Aunque la persona que blandió el machete contra ella fue su ex pareja, el Estado nicaragüense es responsable de haberla dejado expuesta a sufrir ataques durante más de un año.

“Se limitaron a cursar una orden de detención al verme allí sangrando”, explica.

Reina María acudió a la policía por primera vez en diciembre de 2011. Su pareja había intentado asfixiarla porque ella había decidido separarse. La policía dictó una orden de alejamiento y Reina María empezó a vivir separada con sus dos hijos.

Pero a los pocos días su ex pareja se presentó en la casa y amenazó con matarla. Con posterioridad, el hombre dijo a los niños en reiteradas ocasiones que transmitieran el mismo mensaje. Un día llegó a secuestrar a los niños cuando entraban en la escuela.

En vista de las constantes violaciones de la orden de alejamiento cometidas por su ex pareja, la policía instó a la fiscalía a dictar orden de detención. Pero ésta no lo hizo hasta ocho meses después, el día siguiente al ataque por el que Reina María fue hospitalizada debatiéndose entre la vida y la muerte.

Ahora su ex pareja es prófuga de la justicia. Ella y su familia se encuentran en un lugar protegido y reciben el apoyo de organizaciones no gubernamentales. A Reina María, que no ha perdido el ánimo y está decidida a procurar una vida mejor a sus hijos, se le ilumina el rostro cuando habla de ellos y de sus esperanzas y sueños para el futuro.

Pero otras mujeres no consiguen escapar de sus violentas parejas. La semana pasada, una sólida ley destinada a proteger a las mujeres de la violencia en Nicaragua sufrió sufrió una reforma que la debilita y deja la puerta abierta a la comisión de ataques semejantes contra otras mujeres.

Cuando la Ley 779 de Nicaragua entró en vigor en junio de 2012, se celebró como un gran avance hacia la protección de los derechos de las mujeres. Esta ley define los delitos de violencia física y psicológica contra las mujeres.

Pero, desde su promulgación, particulares y grupos atacan la ley argumentando que rompe las familias, al establecer con claridad los pasos que deben seguir las mujeres que sufren violencia para abandonar a sus parejas.

El pasado 25 de septiembre, los parlamentarios nicaragüenses votaron para modificarla.

Las enmiendas aprobadas reducen en gran medida el nivel de protección jurídica que recibían las mujeres. Ahora, hombres como la expareja de Reina María pueden participar en un proceso de mediación en lugar de afrontar los cargos por los que se le acusa. La Fiscalía es competente para decidir si la mediación es una opción recomendable.

La modificación de la ley transmite el peligroso mensaje de que ciertas formas de violencia contra las mujeres son aceptables en Nicaragua, y de que los agresores no tienen que responder de sus actos. La reforma supone que estos delitos se seguirán cometiendo en el ámbito privado y que las mujeres continuarán sacrificando su integridad y poniendo en peligro su vida en aras de la unidad familiar.

Le pregunté a Reina María por su opinión acerca de esta modificación de la ley. “La mediación no conduce a una disminución de la violencia [...] la violencia continúa y a veces empeora. Los miembros de la Asamblea deberían apoyar a las mujeres y hacer que se nos tenga en cuenta, y no condenarnos a soportar la violencia”, dijo.

Los nuevos cambios son una señal de que la vida de las mujeres no es prioritaria para el Estado nicaragüense, y no cabe duda de que las mujeres están hoy todavía más expuestas a sufrir abusos en Nicaragua.

De Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.

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