La teoría de las "élites extractivas" de César Molinas

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Siete claves que los políticos no quieren que leas: la teoría de las "élites extractivas" de César Molinas

¿Qué es la teoría de las élites extractivas de César Molinas? Lee esta guía resumen de siete claves para entenderla en un minuto.

La clase política española se ha convertido, según Molinas, en un "grupo de interés particular" que se mantiene extrayendo rentas de la población.

1. El concepto “élite extractiva” es formulado por los economistas Daron Acemoglu y Jim Robinson, y lo definen como “un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”

2. El economista César Molinas aplica esta teoría al caso español. Afirma que nuestra clase política se ha convertido en “un grupo de interés particular”, que ha creado un sistema para captar (o extraer) rentas de la población con el exclusivo fin de mantenerse a costa del contribuyente, directa o indirectamente.

3. Esta élite política se reproduce mediante un sistema electoral que no permite la elección individual de candidatos, sino de partidos. De esta manera las cúpulas partidistas controlan férreamente todos los centros de poder del Estado.

4. La élite política española tiende a provocar burbujas económicas de la que nunca se responsabiliza, gracias a su control sobre los órganos de vigilancia. El caso de Bankia es un ejemplo claro: la han hundido y no se ha depurado ninguna responsabilidad. Los políticos también causaron la burbuja inmobiliaria, pues tenían poder para decidir el precio del suelo a través de recalificaciones, diseñar planes urbanísticos y conceder créditos para llevarlos a cabo valiéndose de su poder en la caja de ahorros correspondiente. Otros ejemplos son las subvenciones a energías renovables o la construcción de infraestructuras que ahora se han revelado innecesarias, como palacios de congresos faraónicos, centros deportivos no terminados o autopistas que nadie usa.

5. Las reformas estructurales que exige la situación actual han sido convertidas en meros recortes y subidas de impuestos, pero no en supresión de fundaciones, empresas y organismos públicos. Es decir, han recortado rentas productivas (la de los ciudadanos y empresas privadas) y han mantenido las improductivas (donde la clase política extrae las rentas). 

6. A medida que la presión de los mercados y de Europa exija no sólo recortes y aumentos impositivos, sino la reducción del tamaño del Estado,irá creciendo una en la clase política una opinión contraria al euro, pues verán amenazado seriamente su sistema de extracción de rentas, es decir, su “modus vivendi”.

7. Para evitar la debacle que supondría la salida del euro, se debería cambiar el sistema electoral por otro que permita elegir a dirigentes que respondan ante los electores, no ante las cúpulas partidarias. César Molinas propone un sistema mixto.

Fuente: La Información

Una teoría de la clase política española

Los partidos han generado burbujas compulsivamente

Por César Molinas

.En este artículo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

  1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?
  2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?
  3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos propios- haya pedido disculpas?
  4. ¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?

En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post, como medio de cambiar nuestra clase política.

La historia

Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.

Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina americana de hacer burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.

En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.

En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”, acabó imponiendo la versión de café para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas: 17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles -literalmente miles- de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.

Las burbujas

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Este es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.

La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos –decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de las Cajas de Ahorro a las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la Caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!

Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del PIB mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación ¿incomprensiblemente? el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!

La teoría

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:

"Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio".

"Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch".

"Abominar la 'destrucción creativa', que caracteriza al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter "la destrucción creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo".  Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político".

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:

  1. La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.
  2. La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.
  3. ¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.
  4. Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.

La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.

La predicción

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50 millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.

La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de junio, no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se observan movimientos en esa dirección.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.

Cambiar el sistema electoral

La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los votos obtenidos. Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los “técnicos”?

César Molinas publicará en 2013 un libro titulado “¿Qué hacer con España?”. Este artículo corresponde a uno de sus capítulos.

Fuente: El País

César Molinas: “Hay que pasar de la emoción a la movilización”

  • Fue director general de Planificacion en el ministerio de Economía y directivo de Merrill Lynch en Londres; conoce como pocos las entrañas de la administración pública y la lógica en los mercados.
  • Ha revolucionado la red con una crítica feroz a la clase política, a la que acusa de extraer las rentas de los ciudadanos para perpetuarse en el poder, sin que esto beneficie a la ciudadanía

A César Molinas le han dicho de todo. ¿Su pecado? Denunciar y argumentar que la clase política se ha convertido en "un grupo de interés", dedicado a detraer rentas del ciudadano con el único propósito de vivir a su costa. La experiencia de Molinas en la administración pública, tanto en el ministerio de Economía como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, avalan unas reflexiones que se han propagado como reguero de pólvora a través de la Red. 

LA SENSACIÓN “AJÁ” Y LOS “MILITANTES DE LA RESIGNACIÓN”

Usted señala un claro culpable de la crisis: la clase política. ¿Es esto lo que ha propiciado la enorme difusión de su “teoría de las élites extractivas”? (Un resumen de esta teoría se puede leer aquí)
Los políticos son culpables, pero no son los únicos. Mucha gente ha leído mi teoría porque ofrecía una explicación de algo que la gente ya pensaba por sí misma. Es lo que en psicología llaman “sensación ajá”, como decir “ajá, justo eso es lo que yo pensaba”. Y porque presentaba a la clase política como chivo expiatorio.

También ha recibido muchas críticas.
Por supuesto. Me han dicho de todo. Mucha gente me objetaba: “la clase política es reflejo del electorado”. O también “los políticos son corruptos porque la sociedad es corrupta”. Esa visión es básicamente cierta. Hay un círculo vicioso.

Entiendo que usted no está de acuerdo con esa visión...
Sí y no. Yo creo que debemos romper los círculos viciosos. En este país hay mucho militante de la resignación: gente que se abona al “no se puede hacer nada” o “no merece la pena” o “qué se le va a hacer, los españoles somos así”.  Oiga, mire, ¡pues no!  Esta manera de pensar es lo que conduce a no hacer nada. Yo no me resigno. Me niego a comprar ese discurso. Intento proponer medidas concretas, aunque son discutibles, por supuesto.

“¿POR QUÉ NO CAMBIAR EL SISTEMA POLÍTICO? HASTA LOS FACHAS SE HICIERON EL HARAKIRI EN 1976”

¿No puede el sistema regenerarse por sí mismo? La UCD tenía la mayoría y se disolvió como un azucarillo. ¿No podría pasar lo mismo con el PP o el PSOE?
Podría, pero no es probable. Lo que pedimos es que el sistema político se suicide. Eso sí puede ocurrir: en 1976 las cortes franquistas se hicieron el harakiri. Hasta el Consejo Nacional del Movimiento, que integraba a los fachas de más solera acabaron aceptando la ley de reforma política. Todavía me pregunto cómo fue posible que lo hicieran.

Supongo que por obediencia al Rey, a quien Franco había designado sucesor...
Sí, o quizá por lo que se decía en aquel momento: que el franquismo era una dictadura atemperada por la inobservancia de la ley, je je. Es más o menos lo que pasa ahora. Estamos en una democracia de calidad rebajada por la inobservancia de la ley.

El presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, decía a lainformacion.com que los ciudadanos deberían meterse en los partidos para cambiarlos desde desde dentro. ¿Qué le parece?
Que es muy difícil de llevar a la práctica. Me veo más capaz organizando una recogida de firmas para reformar la ley electoral o escribiendo un artículo. En cualquier caso, la propuesta de Toharia no me parece que sea alternativa a la mía, sino complementaria.

“PROPONGO UN SISTEMA ELECTORAL MAYORITARIO, PERO CORREGIDO”

Su propuesta de cambiar la ley electoral tiene eco en el parlamento:UPyD e IU también lo quieren.
No estoy seguro. Sus reclamaciones son distintas. No olvidemos que estos dos partidos gestionan pocas cosas de la administración. Las posibilidades de corromperse son pequeñas, básicamente porque no han tenido tiempo. Baste recordar que IU estaba en los consejos de Cajamadrid. Son parte del sistema, y cuando le das pie, se suben al carro.

Sí, pero el hecho es que también quieren cambiar la ley electoral.
Lo que ellos desean es que la ley no les quite escaños, como sucede ahora. Un sistema mayoritario por circunscripciones uninominales los borraría del mapa. Por eso yo propongo un sistema corregido, como el que se está estudiando en Italia: dos tercios por elección mayoritaria en circunscripciones uninominales (se vota a una persona que gana por mayoría simple) y un tercio por sistema proporcional según el número de votos que a escala nacional tengan los partidos.

Poner de acuerdo a la gente en torno a este sistema parece un poco complicado.
O sea, que usted cree que hay resignarse...

No, creo que es tan difícil como meterse en un partido político y cambiarlo desde dentro.
No, meterse en un partido requiere una conspiración. Lo que yo propongo sólo requiere una organización: una plataforma o una fundación que haga campaña y lo popularice. Subestimamos el poder de movilización que tiene una campaña.

Hoy en día eso se puede hacer con las redes sociales...
Entiendo lo que me quiere preguntar: ¿y lo va a hacer usted? Pues probablemente no, porque ya no tengo edad, porque tengo otras cosas hacer... O bueno, a lo mejor sí lo acabo haciendo.

“SOBRE BANKIA, PP Y PSOE ESTÁN DE ACUERDO EN TODO; LA COMISIÓN EN EL PARLAMENTO FUE UN PARIPÉ”

¿Qué dice de las críticas que le lanzan por su anterior trabajo en Merrill Lynch, una de esas instituciones a las que se acusa de haber desatado la crisis financiera?
Son críticas a la persona, no a las ideas. No contesto esos comentarios que rayan en el insulto. La responsabilidad de las grandes corporaciones en la crisis sería materia de otro artículo y, en cualquier caso, no nos exime de la nuestra. Todo eso son excusas para no hacer nada.

Usted dice que los partidos políticos no quieren buscar culpables de la crisis. Pero yo veo que el PP se la echa al gobierno de Zapatero; y el PSOE, al de Aznar y a los mercados internacionales.
Sí, eso ocurre en términos generales. Pero vamos a lo concreto. Pongamos el caso de Bankia. Para PP y PSOE ha sido como una catástrofe de causas naturales, “un acto de Dios”. Ni PP critica al PSOE ni el PSOE al PP. Claro, porque todos comían del mismo pesebre. En la comisión de Bankia buscaban responsabilidades, pero no las pedían. Se escenificaron, pero no querían ir al fondo, ¿sabe por qué?

¿Por qué?
Porque en el fondo ellos están de acuerdo en todo. La comisión de Bankia fue un show, un paripé.. es más, lo digo sin matices.

“HAY QUE APRENDER DEL 15M Y DEL 25S”

El movimiento que ha rodeado el Congreso esta semana... ¿son parte de la insatisfacción que usted refleja en su artículo?
Sí, sin duda, al igual 15M. Mientras respeten las leyes (y yo creo que sí las respetan) a estos movimientos no sólo hay que admitirlos, sino aprender de ellos. Lo que hay que plantearse es qué están diciendo, cuál es el problema que denuncian. Nadie rodea el congreso porque sí. Hay un problema que aunque no se sepa verbalizar está ahí. Vamos a intentar aprender de eso.

¿Y qué opina de los incidentes que provocaron algunos manifestantes y la actuación de la policía?
No hay que llegar a la violencia en este tipo de situaciones. Si la policía acordona la zona y no permite aproximarse al Congreso, no hay que asaltar las vallas. Da igual protestar unos pocos metros más allá, en Neptuno o en Cibeles. Lo importante es transmitir el mensaje. Las imágenes de los heridos, detenidos y de los asaltos no ayudan nada ni al propio movimiento ni a España. Tampoco ayudan los excesos policiales, como el de  la estación de Atocha

PRIVATIZACIONES Y DESREGULACIONES, PERO NO EN EL SISTEMA FINANCIERO

Tenemos problemas con las autonomías. Pero ¿no es cierto que la España de las autonomías ha coincidido con la etapa de mayor progreso para nuestra sociedad en la historia?
Sí, ha sido un progreso brutal porque el dinero que entraba en caja iba por delante de la imaginación sobre cómo gastarlo. El problema es que ya ha dejado de entrar dinero en caja. El dinero que muchas instituciones y personas advertían que eran coyuntural y fruto de una burbuja se gastó en gasto estructural.

Sí, pero las autonomías ya existían antes de burbuja inmobiliaria...
Yo viví la crisis de principios de los 80 desde el ministerio de Economía. Fue tremenda. Éramos más pobres, sin duda, pero lo que nos sacó de ella no fueron las autonomías, sino la entrada en Europa y las sucesivas oleadas de privatizaciones y liberalizaciones. Pasamos de una economía corporativista en la que estaba todo regulado, a otras más abierta. Siempre que en España se ha liberalizado y desregulado, surgen iniciativas que no sólo mejoran la economía, sino que la cambian estructuralmente. Telefónica es un ejemplo. Cuando Aznar la pone en manos de su compañero de pupitre para que la venda, era un ministerio. Ahora se ha convertido en la mejor compañía de telefonía fija y móvil del mundo. Y la tercera en tamaño.

Ahora el discurso es justo el contrario. Se critica la liberalización y ausencia de regulación.
Vamos a matizar. A mí me parece una barbaridad que a los bancos comerciales se les permita hacer banca de inversión. Eso se prohibió en EEUU después del 29 y se volvió permitir a finales de siglo XX. El sistema financiero debe estar mucho más regulado de lo que está, pero esa ola desregulatoria no ha sido la única ni la principal causantes de la catástrofe financiera. Dicho lo cual, insisto en que la privatización y desregulación han sido grandes motores del crecimiento económico.

Volviendo a las autonomías. Usted no está en contra del sistema de las autonomías, sino de este sistema de las autonomías.
Si me aprieta un poco, ni siquiera estoy en contra de éste, porque su funcionamiento ha sido más que aceptable, pero debemos corregir los excesos. La vuelta de las reclamaciones secesionistas demuestra que este sistema no satisface a todo el mundo: tiene que haber más asimetría.

Usted es catalán, ¿qué opina de la crisis secesionista?
Lo que creo es que hay una necesidad de entenderse y, a pesar de que existen muchas dificultades, debemos intentarlo.

Para terminar, vuelvo a lo que usted decía al principio: “en este país hay mucho militante de la resignación. ¿Cómo cambiar eso?
Hay que pasar de la emoción a la movilización. España es un país donde se discute poco y se debate menos. Para mí sería un gran éxito que el movimiento del 25S estuviera pidiendo un gran cambio de la ley electoral. Sería un primer paso. Y deberían empezar por manifestar esta necesidad.

Fuente: La Información

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