La SGAE erre que erre

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La SGAE sigue cobrando el canon digital pese a que la UE ha dicho que es ilegal

Desafío en toda regla de la SGAE al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. La entidad que gestiona en España los derechos de autor ha decidido ignorar la sentencia dictaminada el pasado 21 de octubre por los jueces de la UE y seguir cobrando el canon digital. Poco importa la resolución, que deja muy claro que se trata de una tasa abusiva e indiscriminada, que no se ajusta, además, a la directiva europea. Los representantes de los autores están dispuestos a seguir recaudando a toda costa.

"La legislación española nos ampara y mientras que no se cambie, nuestra obligación es seguir cobrando el canon", asegura Rafael Sánchez, portavoz de las entidades y director de Egeda, la firma que defiende a los productores de cine.

Los autores se han escudado desde el primer momento es que Luxemburgo ha avalado el pago de la compensación equitativa por copia privada -es decir, que deben ser recompensados de alguna manera por las copias, siempre y cuando no se incurra en piratería-, pero olvidan, sin embargo, el punto clave de la resolución: su ilegalidad en España al no ajustarse a la directiva comunitaria y, sobre todo, el hecho de que ni las empresas, ni las instituciones ni los despachos profesionales ni las Administraciones Públicas tengan que pagar.

Cientos de demandas

La sentencia ha provocado, de hecho, que cientos de Ayuntamientos, parlamentos autonómicos e incluso algunos gobiernos regionales, como la Generalitat de Cataluña, hayan anunciado ya la presentación de una demanda contra la SGAE para la recuperación del canon.

Josep Jover, el abogado de Barcelona que logró que el caso llegara hasta Luxemburgo, está convencido de que "desde que se dictó la sentencia, nadie está obligado a pagar, porque la justicia europea nos avala" e insta además a todo aquel que lo considere oportuno a que se una en una acción popular contra la entidad que preside Teddy Bautista para exigir la devolución de, al menos, 1.000 millones de euros. Y es que la SGAE y sus socios llevan cobrando el canon, primero analógico y luego digital, desde el año 1987.

A la espera de que se inicien los procesos judiciales, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que "sería deseable que en un plazo de seis meses se adecuara la actual normativa española del canon digital a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE)".

González-Sinde se inclina, sin embargo, por la postura de los autores, asegurando que la sentencia "no anula las normas nacionales, que se deberán seguir aplicando por el momento". Según la ministra, "en realidad consolida el derecho de los ciudadanos a hacer copias de originales legalmente adquiridos para uso privado y el sistema de compensación equitativa vigente en España".

Multa por monopolio

En cualquier caso, y al margen de que se reforme o no la ley, las entidades de gestión sigue acumulando problemas, expedientes y sentencias en contra. Ayer la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que las ha multado ya en el pasado por abuso de posición dominante, anunció la apertura de otro expediente sancionador contra la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y contra Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE). La razón: el establecimiento de tarifas abusivas a las televisiones a raíz de una denuncia de Antena 3. Y es que, tal y como ha podido saber este diario de fuentes del sector, después de dos años tratando de alcanzar un acuerdo sobre el pago que la cadena debía de hacer a las dos entidades, éstas decidieron romper unilateralmente las negociaciones al no aceptar la otra parte sus condiciones.

Tras este percance, Antena 3 decidió presentar la correspondiente denuncia en la CNC el pasado mes de septiembre, y que ahora ha sido aceptada por el organismo de control. No obstante, las entidades de gestión se encuentran en la agenda de Uteca como una de las grandes reivindicaciones de las televisiones comerciales, junto al 5 por ciento de su facturación que anualmente tienen que dedicar a la producción de cine o la emisión de publicidad que hacen las televisiones públicas autonómicas.

Un 6% anual

En concreto, las televisiones tienen que abonar a seis entidades de gestión -SGAE, Aisge, Agedi, Dama, Vegap y AIE-, alrededor de un 6 por ciento de sus ingresos brutos anuales. Un porcentaje que llevan años peleando ya que estas entidades, en muchos casos, exigen un porcentaje sobre ingresos y no sobre los contenidos protegidos que representan y que salen en antena. "Las televisiones también somos autores. Somos conscientes de la necesidad de proteger la propiedad intelectual pero nos resistimos a que no exista control alguno sobre las tarifas que imponen la mayoría de las entidades de gestión", explica un alto directivo del sector.

De hecho, las televisiones comerciales, además de reivindicar la modificación de la ley de Propiedad Intelectual solicitan la creación de un árbitro que resuelva los conflictos que puedan surgir durante las negociaciones. Quizá así, opinan, se eviten casos tan vergonzosos como el de AIE, condenada por el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona por haber estado cobrando derechos de artistas musicales de EEUU sin estar legitimada para ello. Y es que, pasados unos años, esos ingresos serían de la propia entidad si nadie los reclama. AIE tenía entre 20 y 25 millones pendientes de repartir entre sus titulares.

Lo dicen Javier Romera y Rodrigo Gutiérrez en EcoDiario

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