Sinde y la terquedad

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Sinde desata otro cisma digital en la trastienda de Moncloa y Ferraz

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Entre la espada de la SGAE y la pared de Bruselas

Presidencia impone cambios al canon para adaptarlo al TUE; Industria, un Plan de Contenidos Digitales. Economía podría reclamar hasta 300 millones por canon digital; la Generalitat y decenas de ayuntamientos socialistas lo harán. El apoyo de Sinde a la SGAE para buscar nuevos pagos compensatorios y el olvido de las macrowebs 'legales' agitan la 'disidencia digital' entre diputados y senadores socialistas. Ana Zarzuela en Intelligence and Capital News Report

19-11-2010 - Acude al redil de Bruselas. González-Sinde esperaba despejar desde esta semana con la Comisión Europea y Neelie Kroes alguna fórmula de "laissez faire -laissez passer" para el canon digital español, tras la sentencia del TUE del 21 de octubre. A cuatro manos con la SGAE, buscaba blindar los pagos del pasado y ganar tiempo para encontrar nuevos bolsillos -sugieren una tasa al adsl- con los que suplir ese tercio de sus ingresos que reciben del canon digital, la mayor parte de manos de las administraciones públicas y las empresas, justo lo que la SGAE no podrá sostener más. Pero, por si las dudas, ha sido de nuevo José Enrique Serrano, jefe de Gabinete de Zapatero, el que rendía públicamente los sables de la ministra. Moncloa y Ferraz modificarán el canon digital para adaptarlo al TUE y las directivas comunitarias. Callan ante la oleada de reclamaciones que, para empezar, pone entre la espada de los municipios y la pared de Ferraz a la FEMP: no sólo los ayuntamientos gobernados por el PP reclaman los 100 millones de canon pagados: tras la Generalitat y una decena de grandes ayuntamientos socialistas, Andalucía se lo piensa. Salgado, también. Caamaño vuelve a escena. Justicia es una de las Administraciones más afectadas por el canon sobre dispositivos digitales. Sinde, de nuevo, acaba 'canibalizada' por las sociedades de gestión y ninguneada por Moncloa. Ni en Presidencia, ni en Industria ha caído bien la amenaza de denuncias de la SGAE y otros colectivos de la industria, el desinterés en promover la Comisión de Propiedad Intelectual y las denuncias cuando entre en vigor la LES y el embargo oficial de los planes para macrowebs de contenidos subvencionados hasta que llegue la 'Ley Sinde'. No es casualidad que Sebastián asuma el nuevo Plan de Contenidos y sitio en la negociación: la consigna es intentar retocar el canon sin tener que modificar toda la LPI, aunque la Subcomisión lo prefería y el Senado lo impulsaba esta semana, con los votos en contra del PSOE.

Presidencia de Gobierno ha remitido una carta de contestación al blog Netoratón de César Calderón (y a través de la plataforma de activismo digital Actuable, con más de 800 usuarios detrás) donde confirma que "el Gobierno rectificará", que hay que cambiar el canon digital cambiará según la legislación europea. Nada de esperar a que "el asunto acabe probablemente en el Supremo (…), va para largo", como prometía la Ministra a finales de octubre, nada más conocer la sentencia del TUE. La voluntad de González-Sinde topa contra el 'ala oeste' de la Moncloa. De nuevo. Ya fue la 'cocina' de Serrano la que emplató la Ley Sinde. En enero, la ministra pasó a la historia de la 'primera batalla' de la guerra de Internet de Zapatero como la responsable del plan para cerrar páginas web sin autorización judicial, y pararrayos ante la avalancha de críticas desde dentro y fuera de la Red. Desde Ferraz y el grupo parlamentario socialista achacaban a los asesores jurídicos de Sinde el error de dejar en manos de la Comisión de Propiedad Intelectual la potestad del cierre que luego trataron de "corregir", durante la tramitación de la LES con la intervención de la ficha de la Audiencia Nacional (que no de los tribunales ordinarios). Pero no era otro que Serrano -al que se sumaba luego el ministro Caamaño- el padre intelectual de la regulación.

Si Zapatero entonces quiso aparecer una vez más como el 'desfacedor' de entuertos y desautorizó públicamente a González Sinde, ahora Industria, Presidencia y Justicia cierran filas para acallarla de nuevo. Y no es otro que Serrano, uno de los hombres con más sintonía también con Rubalcaba en el Ejecutivo -a seis manos con Caamaño como entonces y Miguel Sebastián- los que buscan brújulas para el día después del canon digital tal como fue engendrado en 2006. La Ministra ha colocado a España en el disparadero de joaquín Almunia y la Comisaria Kroes. Al igual que sucedió con la tasa de las telecos para RTVE, ya los responsables de la Comisión Europea habían anticipado su posición contraria a esta suerte de multa indiscriminada, pero la Ministra se subió al 'no enmendalla' con un gravamen que supone más de un 30% de los ingresos de la SGAE, el único que salvó sus resultados en 2009. Ahora, los ajustes no solo afectarían a España sino a los 22 vecinos europeos con sistema de compensación por copia privada. Y en Presidencia saben -y asumen por primera vez- que el limbo no le durará mucho más a la SGAE.

El tiempo muerto del pasado, les explota ya en las manos de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias y de la mismísima ministra de Economía. Elena Salgado no se ha pronunciado, ni hay solicitud formal de devolución, pero el Estado podría reclamar 300 millones de euros a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) en concepto de devolución del canon digital, según los cálculos de Josep Jover -el abogado que ganó el caso Padawan ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea-. Lo saben, antes de nada, en los despachos de Francisco Caamaño: no sólo porque su Ministerio es el más afectado por el pago del canon digital. Desde 2001 es obligatorio que los juicios civiles se registren "en soporte apto para la grabación y reproducción de sonido e imagen". Como recordaba El País, al secretario judicial le corresponde la custodia de los originales y las partes, fiscal y abogado, podrán pedir, a su costa, una copia y desde 2004 han pagado años de canon. Además, se graban a efectos de apelación todas las faltas y los grandes procesos. El titular de la cartera de Justicia otea también la batalla de demandas contra y tiene el encargo de Presidencia de supervisar cualquiera que sea el desenlace de sus reformas. No quieren que acaben judicializados y obstruyendo las salas de los tribunales cuatro años de guerra por el canon digital, su cuantía y sus pagadores. La Asociación de Internautas (AI) sostiene que "la jurisprudencia del Alto Tribunal por cobro de lo indebido debe dirigirse contra quien aceptó el pago". Además de reclamar a la SGAE, al fabricante o al importador -que cobraron el canon como meros intermediarios- el Estado podría encontrarse con una avalancha de denuncias directas por no haber hecho bien la adaptación de la directiva europea que ampliaba el canon al entorno digital.

El TUE, en su sentencia de 21 de octubre, no invalida el derecho a cobrar un canon por copia privada -no era su competencia en la causa de Padawan-, pero reconocía que su aplicación a empresas, profesionales y administraciones era "indiscriminada" y no acorde con la legislación comunitaria. Y con ello, abre la puerta al vuelco del modelo español en manos de la SGAE en un 90%. La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) permite la copia para uso privado de obras protegidas sin autorización del autor. Y para compensar, el legislador establece una retribución económica, que cobran de forma colectiva las entidades de gestión, entre ellas la SGAE. El canon se aplica desde 1987 a los equipos, materiales y soportes analógicos (como las cintas y grabadoras de cassette) y en 2006 se amplió al espectro digital. SGAE y ASIMELEC pactan en septiembre de 2003 un canon sobre los CD y DVD vírgenes, tras varios fallos judiciales que avalaron el cobro de tarifas de la LPI, originalmente pensados para equipos y soportes analógicos. Después, Industria y Cultura fijan las cuantías y dispositivos que pagarán canon, aunque no se publica en el BOE hasta junio de 2008. Dos meses después la Asociación de Internautas lo recurría ante la Audiencia Nacional, que ahora ha admitido a valoración la sentencia europea.

La oleada de reclamaciones, para empezar, ha puesto ya entre la espada de los municipios y la pared de Ferraz a la FEMP, que representa al 98% de los gobiernos locales bajo presidencia del socialista Pedro Castro. Su Comisión de Cultura -que en abril ya acordó exigir a la Sociedad General de Autores un cambio de actitud y mejoras en lo que al pago del canon municipal. La Federación de Municipios y Provincias gobernadas por el PP, que representa a los equipos de gobierno de más de 3.300 municipios de España -el 40 por ciento del total nacional-, exigen al Ejecutivo central que modifique la Ley de Propiedad Intelectual. Pero no son sólo dos centenares de consistorios del Partido Popular los que han empezado a gestionar las reclamaciones del canon pagado en los últimos cuatro años y calientan exigencias de restitución por unos 100 millones de euros. La Generalitat de Cataluña ha decidido erigirse como símbolo de la revuelta de las instituciones catalanas contra el pago del canon digital.

El Govern ha solicitado a través de su Secretaría de Telecomunicaciones un informe jurídico y reclamará a la SGAE la devolución de los importes desembolsados -además de ayudar a tramitar las de otras administraciones bajo su competencia territorial- y anuncia que busca fórmulas para dejar de pagar desde ya el gravamen. Ayuntamientos como los de Sant Adrià del Besos (Barcelona), Calafell (Tarragona), el de León (con el alcalde socialista Francisco Fernández a la cabeza), Cádiz, Teulada, Benissa y Gata de Gorgos (Alicante), así como la Cámara de Comercio de Lugo, o el Parlamento de las Islas Baleares ya han puesto en marcha la cadena de reclamaciones por el reintegro del canon digital. El consistorio de Barcelona por sí solo aventura cifras de la reclamación superiores a los 74.000 euros desde 2003. Si el Ayuntamiento de Madrid lo denunciara, sería más de un millón de euros. El Parlamento gallego ha demandado que la Xunta se dirija al Gobierno y le solicite la sustitución del canon digital por otro sistema que evite la "discriminación" entre usuarios que no copian obras sujetas a propiedad intelectual. La Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana se lo plantean. En la Diputación provincial de Albacete, que preside el socialista Pedro Antonio Ruíz Santos, se aprobaba por unanimidad (PP y PSOE) instar al Gobierno a suprimir el canon que los Ayuntamientos pagan a la SGAE.

CHOQUE DE COMPETENCIAS E INTERESES CON INDUSTRIA

Las contradicciones de la Ministra de Cultura restañan en Moncloa y Ferraz y destapan de nuevo el debate sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), justo ahora que el Grupo Socialista buscaba ultimar el consenso parlamentario final para sacar adelante la Ley de Economía Sostenible y con ella la disposición final, la Ley Sinde. Si la ministra buscaba, como Teddy Bautista, hacer tiempo. Si estaba en principio segura -como las gestoras de derechos de autor- de que no se devolvería ni un céntimo del canon cobrado, ahora ya sólo sabe que no sabe nada, que "habrá que buscar puntos de encuentro" y que el calendario de la Ley 'Sinde' lo deja ya sólo en manos del Parlamento y la Comisión Interministerial después, no se atreve a más. Su cerrazón abre nuevas grietas: el PP exige que los municipios reclamen de paso el final del canon por reproducción e interpretación de piezas musicales (pagado de 2004 a 2009) por los consistorios y otras administraciones públicas.

Militantes y cargos públicos del PSOE que se posicionan desde hace tres años en contra del canon vuelven a abrir las heridas de ese debate, tras cuestionamientos como los de la eurodiputada Paca Pleguezuelo, eurodiputada y un grupo de legisladores y cargos socialistas extremeños. Aún se piensan su voto en la 'Ley Sinde', tras el debate abierto por el ex presidente de la Junta, Rodríguez Ibarra, partidario de "reinventarse los derechos de autor en la tecnología digital". En diciembre de 2007, ya los socialistas conseguían un aprobado muy ajustado y la oposición del PP para la LISI sin la enmienda (impulsada entonces por ICV) que instaba a la desaparición del canon, con otras alternativas. En ese momento, el PP se opuso al canon, aunque durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) lo había avalado.

Ángeles González-Sinde tiene que plegar las lanzas de las sociedades de gestión de derechos de autor. Ha pasado de denunciar que lo del canon era un "arma arrojadiza en manos de intereses políticos", a vaticinar que habría que esperar al Supremo; ahora, tras asumir que el TUE la obligará, antes o después a reformas, la Ministra sólo guarda silencio y deja que hablen ya por ella desde Moncloa, Ferraz, el Congreso y hasta Castellana 160, cuatro plazas en las que no han caído nada bien ni las amenazas de la SGAE de gravar más a los particulares si no podían repercutir el canon en las administraciones, ni su cerrazón a reintegrar lo cobrado. En el fondo de la polémica subyace -aún sin solución- un enfrentamiento entre el Ministerio de Industria -que respira por los recelos de las operadoras telefónicas que dan acceso a internet y los hostings de webs- y el Ministerio de Cultura, en sintonía con los creadores de contenidos y las asociaciones de propiedad intelectual. No es casualidad que, en el estreno del FICOD compartido con Sinde, Miguel Sebastián aprovechara para intentar congraciarse con la industria de contenidos digitales y anunciar un Plan de incentivo de los Contenidos Audiovisuales adscrito al Plan Avanza2 y a su ministerio -nada de Cultura-, con 200 millones de euros de presupuesto para 2011

Tienta la temperatura de las aguas de la industria digital. Otra vez. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Moncloa quería desde enero sacar la 'pata de Sinde' en la LES pero sin tocar muy de cerca la guerra de las 'descargas' de internet. No se atreve. Buscaba esquivar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sin adentrarse en su perímetro y sin mirar al Congreso, aunque creó a su iniciativa en mayo una subcomisión de la propiedad intelectual para analizar con detalle este problema. Ahora, en Ferraz y el Grupo Socialista empiezan a sospechar que la LPI puede tener los días contados. La cerrazón de Sinde no ha ayudado a pasar de largo el bajo perfil del debate. Ya hace un mes, durante el trámite de la LES, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazaba, con los votos en contra de PSOE, PNV y Coalición Canaria, las cinco enmiendas de totalidad a la Ley de Economía Sostenible -que incluye la disposición final conocida como la 'Ley Sinde' -que defendían PP, CiU, IU-ICV, BNG y UPyD. Y Ferraz cuenta ahora con PNV y CC para sacar adelante la Ley Sinde bajo el paraguas de la LES.

Pero ni el dictamen del TUE, ni la voluntad de Ferraz y Génova pasan por prorrogar sin fin la inercia del modelo de gestión de derechos de autor. Por más que prevenga que su reforma no se acometerá "mañana por la mañana". El Senado ha instado esta semana al Gobierno, con los votos de todos los grupos menos los del PSOE, a presentar antes de seis meses un proyecto de ley de Propiedad Intelectual que tenga en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el canon digital, en el que el PP pide además eliminar el monopolio de las entidades de gestión. Hasta que se crease este nuevo proyecto de ley se sugiere la aprobación de un Real Decreto de Conformidad para excluir de inmediato a estos colectivos "del pago de la compensación equitativa a los equipos, aparatos y soportes cuyo uso final no sea la copia privada". Aunque los socialistas han cerrado filas esta vez en torno a su regativa, es la misma exigencia que manifestada ya por la subcomisión de Cultura sobre propiedad intelectual y en un dictamen de Comisión Nacional de la Competencia a principios de año, que decía que "era preciso una reforma integral de la ley y eliminar las cuestiones monopolísticas que suponen las entidades de gestión".

Ya desde antes de que la LES pasara el visto bueno del Consejo de Ministros, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le venía advirtiendo desde hace meses de que daría en los muros de la legalidad de la UE si no reformaba el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautiza una nueva Ley de Propiedad Intelectual. Y tanto en la SGAE como en las asociaciones de usuarios y la FEMP saben que la letra pequeña, el desarrollo reglamentario que decidirá entre otras cosas la composición y participación de la Comisión de Propiedad Intelectual puede definir muchos 'detalles'. Tantos, que los desencuentros del canon y la LPI con Moncloa e Industria prometen ser sólo el preludio del choque de sables con la entrada en vigor de la LES y la hora de configurar una Comisión de Propiedad Intelectual -como órgano ejecutor- en el que Industria aspira a tener voz y sitio para representantes de las patronales industriales y -junto a Justicia- es más partidario de hacer espacio a representantes de internet y los usuarios, por más que Sinde se empeñe aún en decir que todo está por definir.

A LA SGAE LE LLEGA EL 'INVIERNO' DEL CANON

A la Sociedad General de Autores, las batallas del canon digital le amargan ya el inminente 'bautizo' de la Ley Sinde. Cuando llegue, -en abril o mayo según la ministra-, lo hará al borde del peor momento para su modelo de ingresos. Por más que la consigna oficial sea asumir que la sentencia del TUE ratifica la validez del canon digital -nada dicen del fin de su aplicación indiscriminada- saben que nada será ya lo mismo para el edificio de sus ingresos desde 2011; no sólo porque la avalancha de reclamaciones puede obligar a la SGAE a la devolución de hasta 500 millones de euros (que ya ha aclarado que no piensa reintegrar voluntariamente, aunque sus demandas siempre buscan el cobro retroactivo del canon), sino porque extraer del cobro a las administraciones, profesionales y las empresas -y cargarlo sólo a los particulares, como exige Luxemburgo- supondría reducirlo a un tercio de su aportación actual, unos 100 millones de euros en el pasado ejercicio, más de un tercio de los ingresos totales de la SGAE, que cobraba el 90% del canon digital de todas las sociedades. Aunque durante el primer trimestre de 2010 ha conseguido amortiguar el descenso en sus ingresos, el balance de 2008 y 2009 ya puso a la SGAE sobre aviso.

A la Sociedad General de Derechos de Autor, durante dos ejercicios, sólo el canon digital le ha salvado unas cuentas cuyos ingresos cayeron un 11,5% en 2008, y un 5,1% en 2009, año en que la suma recaudada ascendió a 316,8 millones de euros. La morosidad, un 24% al cierre de 2009, (entre 124,5 y 130,5 millones) es su principal dolor de cabeza. Y no son otras que las entidades públicas (de los que procede hasta un 60% del canon digital), sobre todo los ayuntamientos, los más morosos dentro del sector -la deuda asciende a 24,6 millones- en particular en el sector de comunicación pública (conciertos y representación de obra), que arrojó unos impagos de 61,7 millones de euros. Según el propio informe de la sociedad General de Autores y Editores, SGAE, en 2009 por primera vez los músicos tuvieron mayores ingresos por el canon digital, o derechos de copia privada (27,67 millones de euros, un 72,9% más que en 2008), que con la venta de CD, DVD y otros materiales físicos, que sólo alcanzaron los 20,46 millones de euros, un 30,5% menos con respecto al ejercicio del año anterior. En materia de conciertos y presentaciones en vivo, los ingresos cayeron, por primera vez, un 9,3%. Por si acaso, la patronal comunitaria que congrega a las entidades de gestión de derechos de autor (GSAC), reclama desde junio la criminalización del impago del canon por copia privada, para que pase a ser un delito penal en lugar de civil.

Además, la patronal europea pretende gravar con el canon el creciente comercio electrónico, denegar el acceso a Internet a las empresas que venden productos sin haber abonado en canon correspondiente del país de destino (lo que obligaría a fiscalizar las ventas electrónicas) y gravar con canon el comercio intracomunitario. La propuesta de GSAC es, desde hace un semestre, lograr una "Ley Sinde europea" reforzada que incluya las penas de cárcel para el P2P, y sobretodo conseguir gravar todas y cada una de las transacciones económicas que se efectúan a través de la Red, desde pagar un billete de avión o hacer la transferencia de la nómina, pagarán también un canon digital.

LAS GESTORAS DE DERECHOS BUSCAN TIEMPO Y COMPENSACIONES

La SGAE, las sociedades de gestión de derechos de autor y la industria cultural han 'pasado' hasta ahora del plan de Sinde y buscan nuevos 'bolsillos', para empezar los de las telecos por partida doble: como compensación a las estrecheces del canon que vendrá y como puerta de entrada a nuevos modelos de negocio que permitan rentabilizar su política 'antipirata'. En su punto de mira de la SGAE y la Coalición de Creadores, ya no están esas 200 webs de descargas 'piratas' a las que incluyeron en una lista negra formal que Cultura barajaba desde mediados de 2009 y que prometían haber comenzado a denunciar desde septiembre. No es ningún secreto -Navarro lo defendió en su momento- que esperan incluso que "cierren por sí solas, sin necesidad de denunciarlas", con la mera amenaza de la CPI. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar. Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigor la LES, tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros.

Saben además, que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de esas páginas, e incluso aunque sumaran como aviso a navegantes sume algunas de las más de 700 web que se han autoinculpado inscribiéndose en la página 'La lista de Sinde' eso no mejoraría el mapa de los ingresos de la industria cultural española, ni les dejará a mano un nuevo modelo de negocio con el que 'pescar' en un mercado digital en pleno crecimiento. Las alarmas por la eficacia financiera se las disparan estudios económicos como el de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas 'antipiratería' de la Ley Sinde no sólo corren el riesgo de ser "ineficaces para defender a los artistas" y le hacen "sólo el trabajo sucio a las discográficas", y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por "frenar el desarrollo de internet" y entorpecer "la transformación del modelo productivo de la industria discográfica".

Las sociedades de derechos de autor avizoran ya un solo paso en el Congreso para un modelo 'antipirata' en el que depositaron el ahora o nunca del nuevo modelo de negocio de los contenidos digitales español. Se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones para el bautizo de la 'Ley Sinde' y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos 'macrowebs' de contenidos 'legales' financiados en un 90% por Cultura e Industria. Hoy, todos apuntan ya al día después de una regulación que le nacerá condenada a muerte a la ministra. El nuevo caballo de batalla es el de los ingresos y, subidos a él, tocan tambores de tregua con las telecos. La Coalición y la SAGE buscan sitio, a la rueda de Redtel, en la bisagra de los futuros pactos con los concentradores y proveedores de internet, ahora que las operadoras europeas barajarán desde 2011, una vez que se pronuncie la Comisión Europea, modelos de cobro progresivo. A pesar del descenso de uso del P2P- a favor del streaming y otras alternativas- y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje.

La 'solución' de un modelo extendido de Tasa Google tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, una red a varias velocidades (en la que se paguen cuotas Premium por servicios Premium) no agrediría a la neutralidad de la red que España quiere abanderar en la UE y la estrategia de Lisboa para la Unión. No es casualidad que en la Sociedad General de Autores resuciten justo ahora la posibilidad de que si Google u otro de los gigantes de internet tienen que llegar a pago de tasas o de acuerdos económicos con las grandes operadoras de telefonía e Ips, una parte -un subcanon- vaya a compensar a las sociedades de gestión de los derechos de autor españoles. Ya en marzo, cuando el ministro Sebastián alentó el debate sobre la tasa Google que luego replegó en junio, Teddy Bautista, presidente de la SGAE, le puso nombre a sus expectativas: que Google y los buscadores paguen una tasa a los operadores por usar su red y, "para crear un modelo económico sostenible", que las telecos paguen a la SGAE para seguir permitiendo que fluyan los contenidos protegidos por sus redes. Los de Bautista han revivido esas esperanzas, ahora que la Comisaria Neelie Kroes se ha mostrado partidaria de permitir que los operadores de telecomunicaciones traten de manera diferenciada los contenidos de Internet que circulan por sus redes.

Fuente: Asociación de Internautas

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